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Las organizaciones civiles sugirieron varias vías de investigación: La directora del Instituto Nacional de las Mujeres apuntó que una parte de las asesinadas fue víctima del crimen organizado y otra, la mayoría, pereció víctima del ambiente de violencia del país. Tuvo que aceptar que había habido una mala integración de las investigaciones, lo que ponía en juego la credibilidad del sistema judicial. El Secretario de Gobernación declaró que, aunque no estaba de acuerdo con todo el informe de Amnistía Internacional, atendería sus recomendaciones. Posteriormente, por presiones de las legisladoras, la PGR nombró también a una fiscal especial para esos crímenes.

Pero la comisión que preside no tiene fuerza ejecutiva, sino sólo de coordinación y enlace. Sus funciones implican la interlocución directa con las familias de las víctimas y con las autoridades federales. Entre los consejeros ciudadanos de esta Comisión se encuentran personalidades con reconocimiento social como la escritora Elena Ponatiowska. En junio de la Comisionada presentó su primer informe.

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No era la ciudad la que mataba y agredía, quienes asesinaban eran personas y grupos concretos cuyos nombres y apellidos la sociedad seguía esperando conocer. De ese estigma debían hacerse cargo los responsables directos, los cómplices, los omisos, pero también quienes habían contribuido por miedo o discriminación callada al silencio que había resultado mortal para cientos de mujeres. Debido a la impunidad, la delincuencia se había tomado la ciudad. El dolor de los familiares era permanente e insuperable.

Muchas de las pruebas para llegar a los culpables estaban borradas y eran irrecuperables. Y se comprometió a promover ante el Congreso local una reforma para proteger los derechos de las mujeres y de los niños y para mejorar el contexto social, familiar y laboral de las mujeres. La Comisionada precisó que su trabajo -escuchar a los que hasta entonces habían sido ignorados- apenas comenzaba y que quería cumplir con su papel de ser vía institucional de coordinación para que fueran escuchados.

Reabriría los casos a los que el gobierno había dado ya carpetazo. También ella ha tenido que sufrir la hostilidad del gobierno priísta de Chihuahua. A la par, se iba ganando a los activistas, quienes, por fin, reconocen en sus palabras el mismo lenguaje que ellos vienen utilizando desde hace años. La fiscal analizó las probables responsabilidades de 81 miembros de la Procuraduría de Chihuahua, de los cuales 51 estaban todavía en funciones.

O ante las campañas de algunos medios de comunicación, que invitaban a las mujeres a vestirse decentemente para no ser objeto de violación y de muerte. Y han seguido preguntando a gritos: Los familiares esperan que se ponga fin a la impunidad, que haya justicia, que se castigue a los funcionarios negligentes y corruptos y que el gobierno pague los funerales de las asesinadas.

Las organizaciones de la sociedad civil -sosteniendo que estos crímenes no son sólo una vergüenza nacional sino también mundial- insisten en que se acaten los tratados internacionales, en que los tres poderes del Estado cumplan con sus obligaciones y no permitan que estos delitos prescriban.

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También critican el modelo económico basado en las maquiladoras, empresas para las que sus trabajadoras son desechables. La Comisionada defendió la presencia de activistas extranjeras como Jane Fonda, negando que esto violara la soberanía nacional.


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Argumentó que era un derecho fundamental de los pueblos recibir y expresar solidaridad con personas afectadas en sus derechos humanos. En , el Presidente Fox ha declarado en varias ocasiones que ya se estaban investigando todas las posibles causas de estos crímenes, tanto las causas sociales externas, como los errores de procedimiento, la negligencia, la complicidad o cualquier actuación fuera de la ley en las investigaciones.

Se ha comprometido a llevar a juicio y a imponer castigo a los responsables de conductas ilegales en las investigaciones y a no dejar impunes a los culpables de los crímenes. Los organismos civiles le responden exigiendo resultados tangibles y llaman la atención sobre el desempleo, la violencia y la poca habilidad de la clase política, factores estructurales que han provocado el desencanto civil ante gobernantes, legisladores y partidos políticos.

Las madres de las asesinadas no se han cansado de decir que hasta que se encuentre a quienes mataron a sus hijas ellas no van a callar. Hubo cuerpos que tardaron varios años en ser encontrados. Hay datos de mujeres asesinadas, y hay quienes aseguran que llegan a Existen indicios de que en casos hubo violencia sexual. Hay reportes de 4, desaparecidas.

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Esto significa asesinatos motivados por género, crímenes generados por odio contra las mujeres. Y explica que han sido perpetrados tanto por familiares y conocidos como por desconocidos. Subraya que la extrema crueldad desplegada muestra un absoluto desprecio a la integridad femenina. Apunta que son dos los discursos oficiales: De esta forma se ha perdido allí el derecho a vivir una vida libre de violencia.

Así se gestó un poder extralegal que fue irrumpiendo en corporaciones federales y locales y que ha sido inseparable de la violencia contra las mujeres. La trata de mujeres ha sido una de las explicaciones de muchas desapariciones. Entre otros factores, la Comisionada también ha apuntado a la falta de controles de los giros negros. Una importante proporción de asesinatos se ha debido a las actividades de muchas mujeres obreras entre las maquiladoras y a los llamados antros, sin otras opciones de socialización para ellas.

También en los burdeles, las mujeres que en ellos trabajan temen por crímenes intramuros. Estos negocios son protegidos por miembros de corporaciones policiales.